16 de setembro de 2019

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Dorrón

La construcción de chalés en Sanxenxo llega a los juzgados

Una larga polémica que quedó bien definida por el PSOE en el pleno del Concello el lunes al definirla como «casi una telenovela»....

 

La construcción de chalés en Sanxenxo llega a los juzgados

Un exedil de Urbanismo y dos técnicos inician la ronda de declaraciones

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La tramitación de los permisos de cuatro chalés unifamiliares, al lado del cementerio de la parroquia de Dorrón, centró la primera jornada de toma de declaraciones, por parte del juez de Cambados, a los imputados en las presuntas irregularidades urbanísticas en el municipio pontevedrés de Sanxenxo. Es el único caso -de los cinco expedientes investigados- por el que se preguntó al exconcejal de Urbanismo (2007-2011), el popular Ángel Casal. También fue el único de los tres citados ayer que declaró ante el juez.

Los otros dos convocados fueron el exgerente de Urbanismo y ex arquitecto municipal y la ex asesora jurídica de la Xerencia de Urbanismo. Estos dos se acogieron a su derecho a no declarar alegando sus abogados, al parecer, que no habían tenido tiempo a preparar el caso y poniéndose a disposición del juez para comparecer ante él en otra ocasión. Así pues, la primera jornada se concentró en lo que podía decir Ángel Casal. A él se le imputa un presunto delito de prevaricación, mientras que a los otros dos citados se les imputa este además de cohecho y tráfico de influencias.

Los referidos chalés de Dorrón son los protagonistas de una larga polémica que quedó bien definida por el PSOE en el pleno del Concello el lunes al definirla como «casi una telenovela». La empresa Ferro Mesego obtuvo una licencia para construir estas viviendas unifamiliares, que se llegaron a ejecutar. Cuando ya la obra estaba en pie, Sanidade se negó a dar la licencia de apertura del camposanto porque los edificios se hallaban a menos de cincuenta metros del muro del cementerio.

La alcaldesa, la popular Catalina González, reiteró el lunes en su comparecencia ante los medios por la mañana y en el pleno por la noche que ella desconocía el contenido de ese informe antes de que se diese la licencia y que fue una sorpresa tanto para ella como para el entonces presidente de la asociación de vecinos de Dorrón. González y el dirigente vecinal se enteraron de este problema en un viaje a Pontevedra para ver el expediente y cuando la regidora regresó al Concello inició los trámites para la paralización de la obra, al entender que los promotores habían incumplido el proyecto.

Sin embargo, los promotores consideraron que se les estaba causando una lesión en sus intereses y se inició un proceso para reclamar una indemnización al Concello por conceder una licencia y después retirarla. Pedían cerca de 900.000 euros, el Consello Consultivo de Galicia les dio la razón y aconsejó al Ayuntamiento el abono de medio millón de euros. El acuerdo entre las partes fue posible, tras el dictamen del Consello Consultivo, y el Concello ya pagó la cifra convenida, con lo que las partes creían que el asunto estaba cerrado, hasta que el juez decidió revisar todo el procedimiento administrativo.

Los chalés de Dorrón son uno de los casos urbanísticos más mediáticos de Sanxenxo en los últimos años y quizás uno de los expedientes más voluminosos de los investigados. Casal defendió su inocencia y dijo que siempre actuó por «o interese xeral dos veciños» y atendiendo a informes técnicos. Casal dice estar «moi tranquilo» y evitó entrar en otro tipo de consideraciones. Compareció durante casi una hora ante el juez. Hoy le seguirán otros imputados.

 

 

 

 

 

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